* Abog. Pavel Bonilla Cáceres
Resumiendo la obra del profesor Horst schönbohm, se comenta y analiza algunos aspectos de la practica con el nuevo Código Procesal Penal, desde la misma concepción que el profesor Alemán, esto es hacer de la sentencia penal, una resolución entendible para todos, pero sobre todo para el propio imputado.
Palabras claves.
Sentencia, estructura de la sentencia, inspección fiscal, prueba prohibida.
Summing up the work of Professor Horst Schönbohm, discussed and analyzes some practical aspects of the new Criminal Procedure Code, from the conception that the German professor, this is to the criminal judgment, an understandable Resolution for All, All about but for the accused himself.
Keywords.
Judgment , Sentence Structure , Tax inspection , Evidence prohibited.
INTRODUCCIÓN.
De cara a la inminente puesta en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal aprobado por D. Leg. 957, en los Distritos Judiciales de Lima y Callao, es necesario recordar y reconducir viejas prácticas judiciales al momento de redactar una sentencia penal y para ello resulta de gran aporte la obra titulada Manual de Sentencias Penales, Aspectos Generales de Estructurqa, Argumentación y Valoración Probatoria; publicada por el Juez Vitalicio Alemán Horst Schönbohm, con la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ; la Academia de la Magistratura y el Poder Judicial, que la encontramos de libre acceso en las páginas web de las instituciones antes mencionadas.
Teniendo en cuenta que nos encontramos inmersos en el Sistema de Justicia y desde el Ministerio Público ejerciendo la función fiscal en el ámbito penal, ha llamado nuestra atención, que en el Manual de Redacción de Sentencias Penales el autor desarrolla de manera analítica y pedagoga los requisitos que debe contener una sentencia conforme lo ordena el Código Procesal Penal, esto es:
1.“La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado; 2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa del acusado; 3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique; 4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el fallo; 5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito; 6. La firma del Juez o Jueces.
Sin embargo, el autor va mucho más allá de la norma, proponiendo mejores practicas que los Jueces pueden utilizar en su diario laborar en la impartición de justicia penal, quienes no deben perder de visión que dicha sentencia debe ser entendible por la persona litigante y la sociedad misma como se comprende de la insistencia del autor por dotar de legitimidad a la misma sentencias, traducido en la aprobación de los fallos judiciales por la sociedad, con la creciente acreditación del Poder Judicial; el diagnostico que realiza el autor de la norma procesal pasa por el estudio de sentencias penales expedidas por los tribunales de justicia de nuestro país, observando malos hábitos en las mismas, por ejemplo preguntándose cómo ordenar la fundamentación de la sentencia, nos dice: “los jueces en el Perú no mantienen criterios unificados para la estructuración. Se encuentran muchas diferencias. Lo que llama la atención es que en las sentencias no siempre se separa claramente la fundamentación de derecho de la fundamentación de los hechos”; y a nivel del Ministerio Público, critica el hecho que los fiscales en sus acusaciones escasamente presentan información adecuada para que el Tribunal tenga suficientes elementos para decidir sobre la reparación civil”. Pero también propone algunas innovaciones como por ejemplo que la parte resolutiva bien puede ir al inicio de la sentencia “por cuanto cuando se inicia la redacción de la sentencia el órgano estatal ya tiene tomada su decisión” o cuando nos refiere, que “el tribunal debe contar los hechos como si hubiera sido testigo ocular de los acontecimientos”, recomendaciones que bien pueden ser seguidas por los Juez del país, para lograr una mejor estructuración y redacción de sus sentencias, con un “buen estilo” como dice el profesor Horst Schönbohm.
Desde el Ministerio Público es necesario apuntar que la redacción de sus resoluciones como son disposiciones y requerimientos también se encuentran regulados en el Código procesal penal, así el Art. 64° nos dice que el Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y especifica de manera que se basten a si mismo...; mientras que específicamente sobre la acusación el Art. 349° del CPP, nos señala la estructura del Requerimiento escrito de Acusación, siendo esta obra jurídica importante de valorar en sus aspectos generales, para el trabajo Fiscal, como los datos que sirven para identificar al imputado, el resumen de los hechos, valoración de la prueba que se realiza al momento de ofrecer los medios probatorios; determinación de la pena y la reparación civil. Pudiendo la redacción de resoluciones fiscales, merecer un trabajo aparte.
El método de desarrollo será, reproducir el pensamiento del autor contenido en el Manual de Sentencias Penales y a partir de ello comentar algunos aspectos del mismo o agregar temas espinosos en la práctica forense con el Código Procesal Penal, que inciden de uno u otro modo en la misma estructuración, redacción, motivación y fundamentación de las sentencias penales.
I. ANOTACIONES GENERALES, LENGUAJE Y ESTILO.
1. Si las partes no entienden la sentencia esto ocasiona que aumenten los recursos contra las decisiones judiciales y que estas no encuentren credibilidad para ser aceptadas, todo lo cual afecta severamente la seguridad jurídica.
2. Debes optar por un determinado estilo en la fundamentación respecto del contenido de la sentencia. “…un buen estilo es la claridad, lo cual únicamente puede ser expedida por quien piensa también con claridad.”…”el estilo y la calidad de la conducción de la argumentación en una sentencia están estrechamente relacionados”…”La brevedad lleva a más claridad en el texto y las frases”.
3. Uso de palabras de refuerzo. Para los abogados la importancia debería ponderarse mediante una sólida argumentación y no a través de palabras de refuerzo además el impacto de estas es muy limitado y hasta negativo, porque su uso desmedido resta importancia y también poder de convicción a la argumentación.
4. Uso de adjetivos y adverbios. Los adjetivos deben usarse principalmente para identificar los atributos de un sustantivo y los adverbios para aportar a la descripción de las acciones.
5. Uso de definiciones. Las definiciones de conceptos ayudan al lector a evitar malentendidos y errores y también al Juez que tiene que fundamentar la sentencia, pero tampoco se debe abusar de este recurso. Frente a cada caso en concreto, el Juez debe analizar y determinar la pertinencia y necesidad de usar y definir tales o cuales conceptos y para ello debe tener claridad respecto al contenido de cada uno de estos.
6. El uso de conceptos jurídicos, el lenguaje jurídico, palabras en idioma extranjero y el uso de palabras en latín. El uso de conceptos jurídicos y técnicos también debe hacerse con el debido cuidado, garantizando su empleo en el sentido correcto y siempre en el mismo sentido.
7. La incorporación de citas. Lo recomendable es usar citas solamente si es necesario para fundamentar una posición en base a la jurisprudencia o a la doctrina y aun así, su utilización debe limitarse a lo indispensable.
La cita se tiene que usar con precisión. Usar una cita que se ha encontrado en otra publicación y ponerla sin revisar es peligroso. Tampoco se debería poner citas para temas que no necesitan ningún respaldo sea de la opinión de la literatura o de otras sentencias.
8. Bases legales y jurisprudenciales para la redacción de sentencias.
Las bases legales para las sentencias son reguladas principalmente en los artículos 139 inc. 5 de la CPE y en los artículos 394, 395, 397, 398, 399, 425, 433 y 444 del NCPP.
a. Cabecera (art. 394.1) sigue el art. 394.
b. Resumen de la acusación.
c. Las pretensiones del fiscal y de la defensa.
d. Orden. Pretensión penal, prensión civil.
e. Constatación real: los hechos y las circunstancias objeto de la sentencia.
f. Parte probatoria: motivación clara, lógica y completa de los hechos y circunstancias probadas y valoración de prueba.
g. Calificación jurídica: fundamentos de hecho para calificar jurídicamente los hechos y circunstancias,
h. Parte resolutiva.
i. Firma del juez o de los jueces.
El único elemento que podría exceptuarse de la secuencia seguida por el texto del art. 394 sería la correspondiente a la parte resolutiva, que va ligado con el inc. 5 luego de la calificación jurídica y antes de las firmas de los jueces. Si bien el orden secuencial seguido por el legislador al ubicar la parte resolutiva coincide con la tradición imperante en el Perú y américa, podría invertirse dicha posición y pasarse a la parte inicial de la sentencia, es decir al final de la cabecera.
El sentido del cambio radica en que cuando se inicia la redacción de la sentencia el órgano estatal ya tiene tomada su decisión respecto al caso concreto, por tanto es más lógico, que primero se consigne la decisión que consta en la parte resolutiva y luego recién se pase a su fundamentación. (el resaltado es nuestro)
· Comentario
El Tribunal Constitucional al fundamentar el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales nos dice que esta es “una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados” (Exp. Nro.. 728-2008-HC), en este sentido una sentencia con demasiado terminología jurídica y lenguaje común intrincado que sólo es entendible por los “doctos”, genera suspicacia en el ciudadano litigante y la sociedad en general, que en primer término inconscientemente dirá: ¿Cuánto le habrán pagado al…? ¿Cuánto gastaré para contratar un abogado que me explique esta sentencia? o ¿Por qué me han condenado?, eso es lo que ahora sucede y por ello la seguridad jurídica en el país es preocupante. Aunque debemos considerar que “no argumenta bien quien complica lo que es simple, ni quien simplifica lo que es complejo” (Atienza:2008).
Efectivamente, un texto claro, de calidad, con frases y párrafos breves, conlleva a que el lector no pierda interés en él, porque comprende lo que lee. En la actualidad cualquier estilo que se adopte está dirigido a “cuatro grupos básicos de personas, a las que se intenta convencer de la “bondad” del fallo: Las partes involucradas, los Tribunales Superiores, ellos mismos, y la opinión pública nutrida con el morbo de los medios de comunicación”. (A. Nieto) ¿Que significa fundamentar una sentencia?, cuando se direcciona la redacción y argumentación de una sentencia bajo esta manera se corre el riesgo de perder la brújula y solo emitirá sentencias de acuerdo al grupo que presiona o al que quiere agradar.
Sobre el uso de palabras de refuerzo, terminología jurídica o latinismos, considero que se debe limitar al extremo, pues si bien existen situaciones fácticas que para que adquieran los ribetes que interesan en la averiguación de un delito, es necesario explicar qué se entiende por cual o tal figura jurídica, por ejemplo el ciudadano común o litigante entenderá que significa “dolo” o “antijuridicidad”; en ese sentido, se ha observado que en la mayoría de sentencias expedidas por Jueces de las dos instancias y la instancia revisora del derecho nunca explican qué es el dolo; es decir se realizan sentencias entendibles solo para la comunidad jurídica y no para el ciudadano que espera una respuesta sea negativa o positiva a sus intereses pero que sea entendible sin mayor esfuerzo o consulta a algún letrado, solo así se estaría efectivizando una Tutela Jurisdiccional Efectiva de parte de Estado, quien tiene el deber de la prestación de la actividad jurisdiccional. “Este derecho se ejercita para que el Estado, a través del órgano jurisdiccional competente, cumpla un servicio o función pública, como es la de administrar justicia para el caso concreto en donde se solicita su intervención”. (Ticona:1998)
Debe observarse que el uso de las citas va de la mano con el estilo que se utilice para referenciarlas, existiendo varios modelos para la especificación de la fuente bibliográfica, lo que se debe tener en cuenta es ser ordenado en el uso de las citas, no se trata de hacer un tratado dogmático, sino de resolver un conflicto.
Entre los principales estilos o modelos de reseña de fuentes bibliográficas están: las de Modern Languaje Association (MLA), American Pshycological Association (APA), la Norma UNE 50-104-94 o ISO 690:1987 O Estilo Chicago. Ejemplo:
· Estilo MLA
BROWN, Alex. Autoedición: Texto y tipografía. Madrid: ACK Pubish, 1991. 328 p. ISBN 84-,
· Estilo APA
BROWN, Alex.1991. Autoedición: Texto y tipografía. Madrid: ACK Pubish. 328 p. ISBN 84-
· Estilo ISO 690:1987
BROWN, Alex, Autoedición: Texto y tipografía, Madrid, ACK Publish, 1991
· Estilo Chicago
Alex Brow, (Autoedición: Madrid, 1991),328.
La propuesta de proponer la parte final al inicio de la sentencia es muy alentadora pero choca con el contenido propio del Art. 122° del Código Procesal Civil que guarda concordancia con la vieja práctica judicial, que las sentencias contengan una parte expositiva, considerativa y resolutiva, estructura clásica de una resolución sean, autos o sentencias; puesto que propiamente una sentencia sigue una estructura silogística, concluyendo en el “Fallo”; sin embargo ya se han dado casos de algunos Jueces innovadores que antes de oralizar sus sentencias, refieren la conclusión a la que han arribado y luego la explican, cuestión que al igual que el autor consideramos que resulta más claro para el receptor de la sentencia.
II. LA CABECERA DE LA SENTENCIA.
El autor advierte algunas deficiencias del Art. 394, como son: 1. La norma menciona que se debe incorporar os datos del acusado, pero no señala cuales son estos, ni tampoco el nivel de detalle que debe consignarse. 2. Los datos que exige el inc. 1 del art. 394 no son suficientes. Falta el número de expediente.
Sobre los datos del procesado a incorporarse en la cabecera de la sentencia bien podrían ser, los exigidos para evitar homonimias; La Ley Nro. 27411, modificado por Ley 28121 dispone que en los mandatos de detención los Jueces deben individualizar al autor, con los siguientes datos: Nombres y Apellidos completos, edad, sexo, fecha de nacimiento, documento de identidad, domicilio, fotografía de ser posible, características físicas, talla y contextura, cicatrices, tatuajes y otras señales particulares, nombre de los padres, grados de instrucción, profesión u ocupación, estado civil, nacionalidad; a ello habría que agregarle las recomendaciones del autor, esto es incluir el apodo o el apellido cambiado, para completar los datos; sin embargo estos datos bien podrían ir en el Acta y no necesariamente en la Sentencia, pues imagínese si existieran diez procesados, por ello consideramos que deben contener solo los datos principales como: Nombres y Apellidos completos, edad, sexo, fecha de nacimiento, documento de identidad, domicilio.
Respecto al hecho que no se haya considerado en el encabezado el número de expediente, es evidente que cada resolución debe ser identificada con su respectivo número de expediente en el que se expide, a más de ello el propio sistema informático del Poder Judicial, contiene dichos datos, que son automáticamente agregados a los encabezados de sentencias y otras resoluciones.
III. FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
1. Parte introductoria.
Esta tarea es complicada y obliga al juez a preparar y estructurar bien todos los elementos de la sentencia, para facilitar a las partes y a público la comprensión de los argumentos que cimientan la resolución de la sentencia.
El juez tiene que fundamentar la existencia del hecho delictivo de que trata el proceso pero no tiene que referirse a los hechos que han cimentado la acusación, ni explicar cómo se ha desarrollado el proceso, ni si esto influye en la decisión.
- La fundamentación debe seguir las siguientes pautas:
· El hecho criminal debe ser descrito claramente para su debida identificación. Ello permitirá controlar que los hechos por los cuales se están juzgado a una persona, sean idénticos a los hechos por los cuales fue acusado.
· Los hechos deben ser descritos de manera completa, de manera que se pueda comprobar la exactitud y coherencia entra la parte resolutiva y la fundamentación de la sentencia.
· La descripción de los hechos en el caso de la condena debe comprender también las circunstancias de la ejecución del hecho criminal para poder decretarse el grado de culpabilidad y así la determinación de la pena.
· Los fundamentos de la sentencia no deben solamente afirmar la exactitud de la decisión sino también proporcionar los argumentos suficientes y necesarios que la cimienten y avale.
· La fundamentación debe ser libre de contradicciones sin atropellar los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.
El principio de congruencia procesal en el ámbito penal está recogido en el Art. 397 del CPP, en el que se señala: que la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en su caso, en la acusación ampliatoria, salvo cuando favorezca al imputado”. Hacer lo contrario implicaría recortar el derecho de defensa del imputado quien no habrá tenido oportunidad de defenderse de los hechos no imputados por el titular de la acción penal, vulnerando así el debido proceso. Asimismo, se impide variar la calificación jurídica hecha por el Fiscal, salvo que se haya advertido primero de ello a las partes, lo cual también debe estar escrito en el contenido de la fundamentación de la sentencia; como también debe estar debidamente motivado la determinación de la pena, más aun si se condena con una pena mayor a la solicitada por el fiscal cuando éste sin mayor justificación solicita una pena por debajo del mínimo de la pena conminada por la norma.
2. La Estructuración de la Sentencia.
1. Elementos de la sentencia y su orden lógico.
En ningún momento el Código menciona la necesidad de dar un resumen de los hechos, que el tribunal considera como probados antes de la subsunción de los hechos bajo las normas penales…ahora bien si se juntan lo hechos comprobados por el tribunal sean estos controvertidos o no y se les ordena según su desarrollo histórico resulta de gran ayuda para organizar los hechos relevantes aun no constatados por el tribunal y que son además la base para que este pueda determinar la existencia de un crimen y la responsabilidad del acusado y fundamentar su decisión.
El resumen de los hechos, debería ser una obligación especialmente en casos complejos con muchos elementos que se tiene que motivar como probados y en casos donde existen varios causados y también varios actores civiles.
La fundamentación de la sentencia es el resultado de la producción y la valoración de las pruebas. Se debe realizar una representación de los hechos que per se sea entendible.
2. La fundamentación debería contener los siguientes elementos:
La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las presiones penales y civiles introducidas en el juicio y la pretensión de la defensa del acusado.
Las relaciones personales del acusado con los hechos y circunstancias que determinan la pena. Esto también se podría desarrollar después de la determinación de la responsabilidad penal del acusado antes de fundamentar la pena.
El desarrollo objetivo histórico de los hechos y además los elementos subjetivos del actuar criminal. De todas formas se recomienda, realizar el resumen después de los hechos y circunstancias que se dan por probadas con todos los elementos, los controversiales y los no controversiales y en todo caso después la valoración de pruebas.
La motivación de la valoración de las pruebas. En esta parte se tiene que exponer todos los motivos de prueba que han influido en el verdecito y se debe discutir en el caso concreto, todos los aspectos que podrían influir en el resultado de la valoración probatoria.
La subsunción de los hechos y circunstancias que el tribunal ha dado como probado bajo las normas penales que se aplica.
Los hechos que fundamentan la pena, su ponderación y apreciación.
La parte dispositiva sobre la pena con todas las decisiones accesorias, la reparación civil y las costas.
3. Los hechos presentados en la acusación y las pretensiones de las partes. Art. 394.
En las sentencias se debe indicar los hechos y circunstancias de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio y la pretensión de la defensa del acusado.
En el centro está la acusación como ha quedado con la emisión del auto de enjuiciamiento. Repetir el contenido del alegato fiscal no ayuda más bien puede confundir, porque la base del proceso es la acusación con los cambios sufridos por el auto de enjuiciamiento.
Si el actor civil introduce al proceso hechos relevantes adicionales, el tribunal debería introducirlos al proceso con su pretensión después de los hechos y pretensiones de la fiscalía.
La pretensión de la defensa del acusado forma parte de la sentencia y entonces se debe incorporar a la fundamentación.
La norma solo menciona las pretensiones pero esto hay que interpretarlo en el sentido que dichas pretensiones incluyan tanto las cuestiones de hecho y de derecho con las cuales la defensa fundamenta su pretensión.
4. El desarrollo de los hechos.
¿Cómo ordenar la fundamentación para logar la mayor claridad y convicción posibles para el lector?
Los jueces en el Perú no mantienen criterios unificados para la estructuración. Se encuentra muchas diferencias. Lo que llama la atención es que en las sentencias no siempre se separa claramente la fundamentación de derecho de la fundamentación de los hechos. Se suele empezar con los elementos de los delitos imputados, se sigue con el desarrollo de los hechos presentados por las partes, luego se desarrolla la valoración de las pruebas y enseguida se realiza la subsunción de los hechos que se considera han sido probados.
A efectos de lograr la mayor claridad y transparencia respecto al proceso de toma de los jueces, se recomienda desarrollar en bloques la fundamentación del caso. De este modo se sugiere que después de referirse a los hechos y las circunstancias objeto de la acusación más las pretensiones de la partes, se proceda a desarrollar los hechos y circunstancias que el tribunal considera como probados. Inmediatamente después se debería pasar a la valoración de las pruebas que sustentan por qué el tribunal basa su decisión en estos hechos. Esta parte de la fundamentación es en la mayoría de lo casos la más difícil.
Ello implica que el tribunal debe contar los hechos como si hubiera sido testigo ocular de los acontecimientos.
Si una sentencia no tiene una narración comprensiva y articulada de los hechos y circunstancias comprobadas, resulta casi inevitable el surgimiento de dudas y ambigüedades en la fundamentación situación que complica más el trabajo del tribunal al momento de motivar debidamente su sentencia, pero además existe el peligro que la fundamentación presente vacíos.
Presentar la manifestación del acusado antes de la constatación de la tipicidad subjetiva es peligroso, porque se corre el riesgo que surjan ambigüedades. Por eso es recomendable agotar la constatación referente a la tipicidad objetiva y subjetiva antes de examinar la declaración del acusado y las pruebas; se tiene que evitar mezclar la constatación de los hechos con la valoración de las pruebas y recién examinar los hechos que fundamentan la pena luego que ésta haya sido terminada.
5. Las constataciones de los hechos para los coautores e instigadores.
La presentación de los hechos debe comprender todos estos elementos y no se debe mezclar con el análisis de derecho aplicable a los hechos constatados tarea que recién se realiza después de la valoración de las pruebas, que es cuando el tribunal subsume los hechos bajo las normas.
Para poder llegar a una sentencia condenatoria el Juez en su fundamentación está obligado a organizar los hechos de modo tal que contengan todos los elementos de la tipificada objetiva y subjetiva.
La dificultad para el juez está en que las diferencias entre dolo condicional e imprudencia dependen de lo que el acusado ha pensado y si no se declara no es fácil deducir de las circunstancias y de los hechos si actuó con dolo condicional o solamente con imprudencia.
La presentación de los hechos puede ser complicada cuando se trata de una serie de hechos delictivos que se interconectan sin formar un delito continuado como con frecuencia pasa en los casos de corrupción. Por tanto, la referida no puede limitarse solamente a describir los hechos en términos generales sino se tiene que especificar detalles relativos a éstos, como el lugar, el momento y el objeto, porque solamente así el acusado tiene como conocer los hechos por los cuales está siendo juzgado y por ende, la posibilidad de una efectiva defensa. Si no se ha podido identificar los momentos exactos en que se ha realizado los actos y si estos forman parte de una serie, el tribunal puede limitar los actos objeto del proceso penal en el tiempo y precisar que la sentencia contiene los actos delictivos en las fechas mencionadas.
6. La reparación civil y las consecuencias accesorias.
El tribunal tiene que presentar en la parte de la historia del crimen, los elementos hechos que fundamentan el monto de la reparación civil y las consecuencias accesorias sobre las cuales debe juzgar cuando corresponda.
En la práctica se puede observar que los fiscales en sus acusaciones escasamente presentan estos datos informaciones y tampoco lo hacen posteriormente en el juicio oral aun si la victima participa. Dado que el NCPP en el art. 399 inc. 4 establece que el tribunal en la sentencia decide también sobre la reparación civil, entonces antes del juicio y a efectos de formular su acusación el fiscal deberá procurar estos datos de la víctima. Si no hace y mana la acusación al juez de la investigación preparatoria para su revisión en la audiencia preliminar sin especificaciones sobre el daño a reparar, el Juez debe en la etapa preparatoria, en la misma audiencia preliminar, deberá advertir que el pedido de reparación civil no tiene sustento, en la práctica forense hasta el momento no se conoce ningún caso en que esto hubiera ocurrido.
La reparación civil…deberá ser cuantificada, según los daños concretos, los cuales deben ser desglosados y detallados a efectos de determinar a qué daños sufridos se refiere esta suma.
El tribunal está obligado a decidir sobre las consecuencias accesorias del delito, pero esta decisión también debe estar fundamentada por el tribunal, el cual debe presentar los hechos y circunstancias que las respaldan.
El desarrollo histórico de cómo han devenido los hechos, sin duda es de gran ayuda no solo para el magistrado que resuelve el caso, sino también para las partes y los ciudadanos en general, puesto que lejos de pretenderse resolver un conflicto este se intrinca más sino se tiene conocimiento de cómo los hechos se han ido progresivamente materializando. El autor pone énfasis en que el Juez debe hacer un resumen de los hechos, anteponiendo qué hechos considera como probados, sin embargo, también debe hacerlo con los hechos no probados, cuidando de seguir el texto expreso de la norma contenida en el inciso 3 del Art. 394° del CPP, que ordena como contenido de la sentencia: “la motivación clara, lógica completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas”; el hacer un resumen implica al igual que encabezar la sentencia con el fallo, explicar al imputado sobre todo, que el Juez se ha convencido que ciertos hechos han sucedido, explicando luego el por qué estos y no otros.
Es importante señalar que tanto, los Dictámenes Fiscales como las Sentencias Judiciales, actualmente y en su generalidad no hacen mayor referencia a la probanza del dolo, presuponiéndolo en muchos casos; fundamentar la imputación de una conducta dolosa implica que la misma sea probada a partir de indicadores que conlleven a la convicción que dicha persona actuó con conocimiento y voluntad de querer cometer el crimen.
Es cierto, poco o nada se hace para determinar el cuantum de la reparación civil quedando muchas veces al arbitrio de los Magistrados; debiendo ser lo correcto que tanto las partes como el Juez que resuelve, expliquen qué han considerado para determinar cuál o tal monto de reparación civil y para ello debemos tener presente qué elementos constituye la indemnización por los daños y perjuicios qué comprendería el daño emergente y el lucro cesante, de lo cual también debe argumentar; cuestiones difíciles de digerir sobre todo por quienes ya están mecanizados en temas del derecho penal y procesal penal y no ha observado en lo más mínimo qué se debe considerar; esta es una cuestión que puede ser mejorada por las partes a instancia de los jueces de Investigación preparatoria en las audiencias de control de acusación, considerando que se trataría de una observación de fondo y que de no subsanarse en la misma audiencia el juez puede devolver los actuados para su subsanación. La vieja práctica de no fundamentación de este extremo de la sentencia es recurrente en magistrados del “viejo cuño”, sin embargo se ha venido mejorando dicha práctica, sobre todo con el CPP.
En el propio desarrollo del juicio oral, la parte acusada generalmente no es informado de cuáles son las consecuencias en caso sea condenado por el delito cometido y sin dicha información se le pregunta si se considera responsable, cuando en realidad el Juez antes de empezar el juicio propiamente debe INFORMAR DE SUS DERECHOS al acusado, conforme así lo expone el Inciso 3 del Art. 371°; y el inciso 1 del Art. 372° del CPP, que es concreto al señalar “el Juez después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntara si admite ser autor”, precisamente para que el imputado decida y exponga una respuesta libre y espontánea, debe conocer cuáles serán las consecuencias accesorias del delito cuando sea declarado culpable del mismo. Esto no sucede en la práctica y se están vulnerando derechos fundamentales así como el debido proceso que a larga implica la nulidad de la sentencia.
IV. LA PRUEBA.
1. La Valoración de las pruebas.
En caso que hubiera producido pruebas en el juicio oral, pero sus resultados no fueran necesarios para fundamentar la sentencia entonces estas podrían ser excluidas de la fundamentación sin necesidad de brindar una explicación alguna.
Para llegar a la constatación de los hechos a través de la valoración de las pruebas no se necesita mayores conocimientos de derecho, estos más bien, se requieren para determinar cuáles son los hechos relevantes para la prueba y qué se necesita para fundar la existencia de un hecho delictivo punible.
Para llegar a una valoración completa, hay que tomar en cuenta también la declaración del acusado durante el juicio oral porque solamente así es posible una valoración de las pruebas que agota todos los aspectos. La declaración del acusado no es una prueba pero igual tiene que ser considerada, esta es una exigencia de las reglas del debido proceso y del derecho del acusado de ser escuchado.
Aunque su convicción es su propio resultado personal, el Juez debe explicar y fundamentar, según las reglas de la valoración de las pruebas, cómo ha llegado a esta convicción. Solamente así es posible acreditar que el fallo ha sido razonable –fundado en hechos y circunstancias constatadas y no arbitrario.
La estructura de la valoración de las pruebas es determinada por lo que se tiene que probar, lo cual depende de la teoría del caso. Esto obliga al Juez a relacionar los medios de prueba con el tema probatorio…
Una estructura recomendable es iniciar la valoración de un hecho o circunstancia con los medios de prueba que más fuerza probatoria tiene, después seguir con las pruebas que no han podido convencer al tribunal y seguir con las pruebas que han tenido un resultado probatorio negativo pero que sin embargo no han podido convencer al tribunal de lo contrario. La valoración debiera concluir con los medios de pruebas que no han dado un resultado ni positivo ni negativo.
Se sugiere iniciar la valoración de las pruebas con aquellas que más han convencido al tribunal sea en sentido negativo o positivo.
¿Pero cómo evaluar el valor probatorio de cada uno de los medios probatorios?
Un método podría ser fraccionar el proceso de valoración y así aprovechar las partes pertinentes de la prueba actuada que han creado convicción en los jueves. A tal efecto tendría que seguir el siguiente ejercicio.
1. Preguntarse cuál es el resultado de la producción de la prueba.
2. Indagar cuál es el valor informativo de la producción de la prueba. Aquí se tiene que determinar, por ejemplo, el valor de la declaración del testigo y del peritaje para el tema probatorio.
3. Como último paso, determinar el valor probatorio del medio de prueba, lo que significaría establecer si se puede creer al testigo o si el peritaje ha sido suficientemente concluyente.
En muchas sentencias se puede notar que la valoración se inicia con una memoria sobre el resultado de la práctica de las pruebas donde se repite las declaraciones de los testigos, los informes de los peritos. Etc. Se tiene que tratar de evitar esto porque se corre el peligro que se reporte solamente los resultados de la práctica de la pruebas. Esto evidentemente, no sería suficiente, el juez debe analizar cada uno de los elementos de los resultados de la pruebas producidas y fundamentarlos, porque estos resultados son los que le han creado la convicción de los hechos sin que hubieran quedado dudas razonables.
El Juez que fundamenta la valoración de las pruebas siempre tiene que tener presente el principio de in dubio pro reo, Este principio es válido para todos los elementos que fundamenten la responsabilidad penal del causado tales como: cuando existan dudas respecto de la prescripción o no prescripción del delito. Cuando el juez valore los elementos que fundamentan la culpabilidad y el grado de responsabilidad penal. Cuando el juez analice las causas que podrían justificar la exención, supresión, atenuación o agravación de la pena. Cuando el juez evalué eventuales errores de tipicidad o de prohibición.- cuando el cual analice los elementos de la determinación de la pena. Cuando el juez tenga dudas respecto de cuál de las arias posibilidades del desarrollo de los hechos (o cuales de los varios hechos posibles) serían las más creíbles de haber ocurrido. En este caso, el tribunal deberá basar sui sentencia en la variante más favorable para el acusado.
Una absolución entonces solamente sería adecuada si el juez se hubiera podido convencer de la veracidad de la coartada.
El tribunal está obligado a tomar en cuenta y revisar todas las pruebas introducidas en el juicio oral, ello implica que también deberá considerar las declaraciones del acusado en el proceso de construcción de su convicción sobre la existencia de los hechos y las circunstancias.
En el caso que el acusado se niegue a declarar, pero su defensor sí emita declaración sobre los hechos, ésta solamente podrá ser usada por el tribunal en contra del acusado, si este ha expresado o dejado entender que él coincide con lo declarado por su abogado defensor y que por tanto, esta declaración podría ser considerada como propia. No sería entonces suficiente que el acusado guardara silencio respecto a la declaración de su abogado para entender que este está conforme condicha manifestación.
2. Los distintos medios de prueba.
a. Los Testigos.
Los resultados demuestran que los errores en los testimonios de los testigos son múltiples y tiene causas muy diferentes. Incongruencias en la declaración como consecuencia de la fragilidad de la memoria, que sin embargo no pueden llegar a concluir que el testigo ha ofrecido una declaración falsa. Percepción solo de parte de los hechos y no del conjunto de ellos. Distinta capacidad de las personas para recordar. Diferente grado de atención de los testigos en el momento de los sucesos.
El testigo es entonces un medio de prueba poco seguro, pero en el Perú como también en Alemania y en la mayoría de los países, los jueces le conceden un alto valor probatorio a su testimonio. Un agravante es que los jueces no tienen el conocimiento básico de la psicología de las declaraciones, porque no forma parte de su formación tampoco tiene consciencia de los problemas relacionados a las declaraciones de los testigos.
b. Los Peritajes.
Los peritajes con frecuencia contienen vacíos, contradicciones ya no siempre coinciden con las reglas de la lógica. Cuando ello sucede el tribunal no tiene una base firme para fundamentar su fallo, por eso es necesario que no solo las partes planteen las preguntas al perito, sino también el Juez.
Si las parte no se hubieran referido a estos temas adicionales, el tribunal deberá advertir a las partes sobre la posibilidad de usarlos como prueba.
c. Las Inspecciones Oculares.
La Inspección ocular tiene la función de convencer al tribunal de la veracidad de hechos a través de una percepción ocular de objetos perceptibles a través de la visión, tales como documentos, fotos, videos, etc. Especial importancia tiene la inspección ocular de localidades donde han ocurrido los hechos, por ejemplo un asesinato. La inspección ocular tiene solamente una valor probatorio si su resultado ha sido descrito en el acta a con todos los detalles, los resultados de la inspección del lugar de los hechos son fundamentales para verificar las declaraciones de los testigos.
Un aspecto importante a recordar sobre la prueba es que la búsqueda de la verdad pasa por las siguientes categorías del conocimiento: Posibilidad. Es la tendencia latente del desarrollo del ser, que, pueden convertirse en realidad concreta. Realidad. Es la que ya existe, cuyo punto de origen fue solo una tendencia latente. Probabilidad. Enseña que la probabilidad es un grado avanzado del conocimiento y es argumentable razonadamente. Certeza. Es esencialmente firmeza subjetiva que se tiene de estar en posesión de la verdad. Verdad. Es la correspondencia del conocimiento con la realidad objetiva. Es el conocimiento. Duda. Entre la certeza positiva y la certeza negativa se puede ubicar la duda en sentido estricto.
Otro tema no menos importante que el anterior es recordar cuales son los aspectos derivados de la prueba, estos son: El elemento de prueba. Que es todo dato que proviene de la realidad y que se incorpora al proceso, por lo que el elemento de prueba es la prueba misma. Órgano de prueba, es la persona que aporta al proceso el elemento de prueba o por medio de la cual, dicho elemento llega al conocimiento del juez como también a los demás sujetos procesales. Fuente de prueba, fuente de prueba es todo aquello que da origen a un medio o elemento de prueba y existe con independencia y anterioridad al proceso y Medio de prueba, que es el procedimiento establecido por la ley para el ingreso del elemento de prueba en el proceso. Es el vehículo que se utiliza para llevar al juez el conocimiento sobre lo que se desea probar. Los medios de prueba por antonomasia son las declarativa, documentales y periciales.
El Código Procesal Penal, refiere que toda persona es, en principio, hábil para prestar testimonio, excepto el inhábil por razones naturales (deficiencia psíquica o física) o el impedido por la Ley. (Párrafo segundo del Art. 165°) para verificar aquella inhabilitación, puede realizarse las indagaciones necesarias y en especial, la realización de las pericias que correspondan. Esta última prueba podrá ser ordenada de oficio por el Juez (Art. 162 inc. 1 y 2). Luego trata sobre las obligaciones de los testigos (art. 163°) su citación y conducción compulsiva (164°), aunque no todos están obligados, existiendo personas que pueden abstenerse legalmente de concurrir a brindar su testimonio y otros que necesariamente deben abstenerse a brindar su testimonio. (Art. 165°). También regula el contenido del testimonio (Art. 166°), lo que permite oponerse a su admisión como medio de prueba (por ejemplo si el testimonio no está referido al objeto de la prueba-no puede ser admitida por impertinencia e inutilidad de la prueba); finalmente, regula el testimonio de personas con cualidades especiales, como Altos Dignatarios, miembros del Cuerpo Diplomático, testigos fuera de la localidad donde se realiza el proceso y testigos en fuera del país. (Art. 167°, 168° y 169°).
Debemos agregar además que el Juez debe valorar la declaración tomando en cuenta las características del órgano de prueba, es decir la persona que testifica, puesto que no es lo mismo el testimonio de un testigo de treinta años con plenas capacidades físicas y psicológicas, a los que vierte testigos especiales, con incapacidades físicas, psicológicas o emocionales , niños y ancianos, es por ello que para los defensores este tipo de testigos, les “suponen uno de los desafíos más difíciles y arduos de afrontar” (Garofiglio:2010). Características de los testigos que el Juez debe tener en cuenta para darle mayor o menor valor probatorio al elemento de prueba.
La prueba pericial se encuentra regulada en los Artículos 172° al 181° del Código Procesal Penal, donde si bien se regula el contenido del informe, los especialistas o peritos en las diferentes materias no siguen esta estructura, a veces amparados en viejas prácticas y otras veces en la reticencia de sujetarse al cambio, en este sentido tanto el Fiscal al emitir una decisión de fondo, en el sentido si requiere acusación o sobreseimiento o ambos, debe valorar la prueba pericial también conforme a las reglas generales de valoración de la prueba contenida en el Art. 158° del CPP, y para ello debe ser especialista en criminalística, puesto que la mayoría de elementos de prueba que aporta dicha disciplina son periciales, así por ejemplo en las Pericias Grafotecnicas, se tiene acostumbrado a realizarlas sobre muestras exprofesas, aun cuando el mismo perito señala categóricamente sus afirmaciones, en todo el informe pericial no se señala si se requirieron formalmente muestras coetáneas y suficientes de comparación y ante la falta de ellas recién se utilizan las muestras exprofesas, esta es una falencia de la que la defensa puede cogerse y hasta ganar el caso; puesto que de no especificarse el método o dicha indicación de criterios científicos es errado, fácilmente puede no admitirse dicha prueba por ser inconducente al no seguir la forma prescrita por ley. Debe tenerse además en consideración que la prueba pericial comprende tanto el Informe pericial como el examen que se realiza a quien lo ha propuesto, sin embargo ha existido ocasiones en que se han admitido solo las pericias y no al órgano de prueba (el perito) y luego en Juzgamiento se ha querido oralizar como si se tratase de una prueba documental, si el Magistrado realizase dicha práctica y valorase la pericia como prueba documental entonces estaría viciando su decisión, en tanto no ha actuado la prueba conforme lo establece la norma y por ello dicha sentencia sería nula, al no seguir la forma prescrita por ley; salvo que se den las excepciones contenidas en el literal c) del inciso 1, Art. 383 del CPP sobre lectura de prueba documental, excepción que tiene que ver sobre todo en la capacidad y/o dificultad justificada del perito en acudir a la audiencia de juicio oral.
Mención aparte merece el hecho que el autor, considere permitir al Juez de la causa, poder examinar al perito, lo cual no comparto desde una óptica de un sistema procesal penal totalmente adversarial, donde la participación del Juez se limite a dirigir la audiencia y sean las partes las que actúen sus pruebas de la mejor manera que pueda, para remitir información valiosa al Juzgador quien con esos elementos actuados por las partes y solo por ellos, deliberará y decidirá impartiendo justicia; hacer lo contrario no solo se corre el riesgo de volver al sistema procesal penal inquisitivo -que se quiere desterrar por completo-, sino que se corre el riesgo de la no especialización de fiscales y abogados en el litigio oral quedando a merced de una “ayuda” del Juez a favor de sus pretensiones y “ganar” un caso.
En este punto debemos ser enfáticos en señalar que antiguamente se consideraba a la inspección como ocular, sin embargo, qué pasaría si el fiscal o el Juez arribarían a un determinado lugar donde se está investigando un posible delito de peligro común por medios catastróficos (incendio), entonces el Juez o el Fiscal solo deberán consignar lo que su sentido visual percibe o también podrá consignar y describir lo que el resto de sus sentidos perciban (olfato, audio, tacto, gusto), aun puede haber un fuerte olor a pólvora u otro elemento inflamable o que las paredes pueden estar rugosas, mojadas con agua o untadas de aceite, cómo lo compruebas si no es con el tacto y el olfato, en tal sentido, el término “Inspección Ocular”, es obsoleto y a este acto procedimental de investigación se le conoce como Inspección Fiscal o Inspección judicial. Debiéndose recordar que el Art. 192° del Código Penal, nos habla de “inspección judicial” no de inspección ocular, incluso nos dice “la inspección tiene por objeto comprobar las huellas y otros efectos materiales que el delito haya dejado en los lugares y cosas o en las personas.
Un medio de prueba que el autor no valora, es la confesión regulada en el Art. 160° del CPP que nos dice cuándo hay confesión y cuándo es que hay confesión sincera, recuérdese que este articulo esta en vigencia a nivel nacional desde Agosto del 2013 gracias a la Ley 30076. Sin embargo ocurre continuamente que se espera una valoración como confesión sincera cuando el imputado ha sido capturado en flagrancia, empero la confesión sincera tiene como característica ser espontánea y sincera, en un acto de flagrancia cuando el sujeto es detenido declara espontáneamente o es que ya está siendo en cierto modo coactado por la misma presión de tratar de conseguir su liberación a más de ello la Corte Suprema en la Casación N° 75-2010-Arequipa, estableció que no es posible considerar confesión sincera cuando existe flagrancia; al respecto se ha establecido que lo bueno de la confesión sincera es que puede ser utilizado como beneficio premial a la actitud o comportamiento en el proceso por parte del imputado y esto le permite reducir hasta un tercio de la pena fijada y si es hábil, entonces acumulara el beneficio que tuviera si es que se somete a una terminación anticipada del juicio, pudiéndose entonces reducir la mitad de la pena determinada, puesto que 1/3 + 1/6, es un 1/2, entonces en una posible condena de doce años, si se somete a estos beneficios premiales, reducirá la pena podrá ser merecedor solo seis años.
d. La prueba indiciaria.
Aun cuando todos los hechos y circunstancias antes referidos hubieran sido probados, solo servirán como pruebas indiciarias que fundamenten el veredicto de la responsabilidad del acusado, cuando hubieran sido considerados en su conjunto; es decir, como una cadena de acontecimientos interconectados entre sí. Por tanto no sería suficiente para fundamentar la convicción y decisión del tribunal respecto de la culpabilidad del acusado la consideración individual y aislada de cada uno de los hechos o circunstancias antes descritas.
Al respecto debemos recordar que los Elementos de la prueba indiciaria. Son: 1. El indicio. Dato real, cierto, concreto, con aptitud para conducir a otro dato aún por descubrir, dato indicado por medio de un inferencia correcta vinculada al objeto de prueba. El indicio no es solo un hecho sino también un fenómeno, acción u omisión. Por ejemplo, el imputado presenta rasguños en el cuello, cara, manos. En la uñas del imputado se encuentran rastros de piel humana lo cual es un indicio de la agresión. Los indicios son infinitos. 2. La inferencia:
Es el artículo 158.3.b. Del CPP que exige que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia (común). La inferencia consiste en la deducción que se hace, basada en las reglas de la experiencia o en el conocimiento de determinadas cuestiones técnicas o científicas, del hecho conocido para inferir la existencia o inexistencia de otro, que es su consecuencia. Son muchas las posibles inferencias; entre ellas el silogismo categórico, la inferencia condicional, la inferencia trasductiva, la inductiva, por coligación, reconstructiva, por concordancia y discordancia. La inferencia es válida si se efectúa aplicando correctamente las reglas lógicas pertinentes.
e. Las pruebas prohibidas.
Las normas citadas del NCPP, buscan dar una protección amplia a los derechos de los procesados y acusados. Por ello, contemplan la prohibición de incorporar y valorar medios de pruebas como, por ejemplo, el testimonio de un testigo o medios de pruebas obtenidos con métodos prohibidos y también de usar medios de pruebas que violan derechos fundamentales de las personas.
En la práctica forense, no siempre es fácil observar estas reglas e interpretarlas correctamente, aunque a primera vista parezca muy claro. Puede suceder, por ejemplo, que el juez en la audiencia no haya sido instruido debidamente al testigo de sus obligaciones o sobre su derecho de abstenerse a rendir testimonio. En este caso el juez no podrá a usar estas pruebas para la construcción de su convicción. Frecuente se puede observar que los jueces no instruyen a los testigos como lo ordena el art. 170 inciso 1.
Sin embargo debemos ser conscientes que en muchos casos, el tema de la prueba prohibida, resulta contrario a los intereses de seguridad ciudadana, pues ante la falta de capacidades de los operadores de justicia penal, sobre todo en los primeros estamentos de persecución del delito, con la vieja doctrina “detener para investigar”, es inevitable la violación de contenido esenciales de derechos fundamentales; es común observar que se viene incrementando no acoger alegaciones sobre prueba prohibida en tanto existen excepciones utilizables tales como el hallazgo inevitable o el Balancing approach, que se inclina por la ponderación de los intereses en juego, tomando como base pautas constitucionales y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.
Según esta teoría no se puede negar radicalmente eficacia probatoria a éste tipo de actos ya que podría resultar que un peligroso criminal quedase libre a causa de una irregularidad en el proceso.
Es necesario también acotar cuándo es que la defensa puede solicitar la exclusión de la prueba prohibida y conforme al Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116, refiere que dicha exclusión puede hacerse vía tutela de derechos, pero también en la fase intermedia, así como en el momento de expedir la sentencia, respectiva. Aunque conforme refiere Luciano Castillo Gutiérrez (2014), “el momento procesal por excelencia para excluir o no valorar la prueba admitida, obtenida o actuada con violación al contenido esencial de los derechos fundamentales, debe hacerse única y exclusivamente al momento de dictarse la sentencia (Art. 392 del NCPP)”.
V. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Se recomienda ahondar en la fundamentación y hacer referencia a la jurisprudencia o a la doctrina solamente si fuera necesario aclarar dudas o si existieran distintas posiciones respecto de la aplicación de algún elemento de la tipicidad.
Solo es recomendable abundar en el desarrollo de teorías si estas tienen una influencia para la solución del caso concreto,
No basta tampoco con citar la norma que contiene el tipo del delito con la conminación penal, sino que es indispensable citar también a todas las otras normas que fundamentan la pena, con las que refieren a la tentativa, el grado de participación y en los casos de unidad o pluralidad de actos, habría que citar todas las normas que contiene la conminación de pena y las que fundamentan la pluralidad o la unidad del acto.
VI. LA SENTENCIA DE CONDENA, LA DETERMINACIÓN DE LA PENA Y SU FUNDAMENTACIÓN.
La determinación de la pena y su fundamentación son de mucha importancia para el tribunal y representan una respuesta a los alegatos del fiscal y del abogado defensor.
La determinación de la pena se basa en un juicio de valores y el tribunal deben hacer transparente cuales han sido los elementos que él han llevado a dictaminar una pena más grave o más leve dentro del marco previsto por la norma legal.
La labor de juntar los elementos para la determinación de la pena es competencia de los fiscales. Estos tienen que investigar, presentar y probar todos los elementos necesarios para la decisión penal que incluye aquellos que fundamentan la pena. Rara vez en las acusaciones se hace referencia detallada a los elementos que determinan la pena y que están previstos en el art. 46 del CP.
Por otro lado, una debida fundamentación respecto a la imposición de la pena, en lo que refiere a sus aspectos cualitativo o cuantitativo, permite al tribunal de apelación, revisar los criterios en que se ha basado la instancia invertirlo para imponer una sanción.
Una debida fundamentación exige al tribunal, abundar respecto de la importancia y el peso de los hechos y circunstancias tomados en cuenta para la determinación de la pena, siempre considerando el grado de culpabilidad del acusado y la gravedad del hecho punible.
A este efecto el juez tomara en consideración los hechos y las circunstancias que ha constatado durante el juicio oral. El Punto de partida para la determinación de una pena deberá ser siempre la trascendencia objetiva del hecho punible y el grado de la culpabilidad del acusado.
Es evidente que con el añadido del Art. 45-A y modificación del Art. 46 del Código Penal realizado a través de la Ley 30076, se ha dado un gran avance a la fundamentación de determinación del cuantum de la pena, en tanto en el pasado esto parecía una cuestión de tirar mal o bien lo dados, ni en las acusaciones meramente formales ni en las sentencias se argumentaba este aspecto; lo que traía muchas veces la facilidad que tenían algunos Jueces para cambiar sus fallos en último momento. La falta de determinación de la pena también es una observación de fondo que debe ser filtrada por los jueces de Investigación preparatoria quienes pueden devolver el caso al Fiscal si este no ha realizado una correcta determinación de la pena, salvo subsanación en la misma audiencia preliminar de control de acusación.
VII. LA SENTENCIA DE ABSOLUCIÓN.
Sugerencias para alcanzar una adecuada fundamentación de sentencia de absolución.
Empezar describiendo de manera sucinta cuáles han sido los hechos objeto de la imputación. Luego pasar a señalar cuáles son los hechos que el Tribunal considera han sido probados. Seguidamente mencionar los cargos que fundamentan la sospecha contra el acusado. En un tercer paso, fundamentar por qué el tribunal considera que los hechos que han sido probados no son suficientes para fundamentar una condena y, basándose en su valoración de las pruebas, explicar por qué no se han podido convencer de los demás hechos que le fueran imputados al acusado. En este contexto, sería suficiente exponer los argumentos más importantes que llevaron al tribunal a no estar convencido de la autoría del acusado.
Si el tribunal absuelve porque le quedan dudas razonables muchas veces es difícil fundamentar la duda razonable sin pasar los límites de la valoración de las pruebas. Si el juez de primera instancia no puede superar la duda razonable porque le sigue quedando una última duda, entonces tiene que absolver, ello difícilmente puede ser corregido en segunda instancia, pero esta duda razonable debe estar fundada en hechos o circunstancias y no solamente en posibilidades abstractas o teóricas.
VIII. LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA.
La parte resolutiva es lo más importante de la sentencia porque contiene el fallo del tribunal sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado con las consecuencias legales, la parte resolutiva determina el alcance de la cosa juzgada, asimismo es la base para la ejecución de la sentencia en el caso de la condena.
El NCPP contiene pocas normas sobre la parte resolutiva de la sentencia una mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido y cuando corresponda también el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito. Del mismo modo cabe resaltar que e4ste artículo no aborda todos los elementos que debería contener la parte resolutiva. Por ejemplo en el caso de unas sentencia condenatoria debe señalarse en la parte resolutiva, la imposición de las consecuencias accesorias del delito y las medidas de seguridad, de tal manera, que si se condena al causado a pagar una suma de dinero por concepto de reparación civil a la víctima, esta tendrá la posibilidad de ejecutar un título contra el condenado.
La formulación del parte resolutiva deberá ser lo más corta posible, contener todos los elementos necesarios, pero sin una palabra de más y estar articulada con toda claridad. No deberá contener nada de los que fue desarrollado en la fundamentación o fue parte d ellos hechos.
Sería recomendable mencionar las normas penales aplicadas al final de la parte resolutiva, pero antes de la decisión respecto de las costas.
Debe además especificarse a que entidad del Estado se le debe hacer el pago.
En lo que se refiere a las costas el juez se ha limitado a disponer: Costas: con costas. Para que resulte más clara la condena al acusado de cargar con las costa se sugiere formular de la siguiente manera., el causado carga las costas. Solamente decir con costas no es una condena, aunque se entienda en ese sentido.
Lo recomendable es siempre empezar la parte resolutiva con la condena, seguido por las absoluciones terminar con linar con la decisión sobre las costas.
No existe regulación legal que norme el cambio o corrección de la parte resolutiva; en ese sentido cabe preguntarse ¿hasta qué momento el tribunal o juez unipersonal pueden cambiar o corregirla?
Una vez emitido el pronunciamiento un cambio solamente debería ser posible bajo condiciones especiales; no obstante el NCPP no señala regulaciones sobre el rema y tampoco contempla un procedimiento para la corrección de una sentencia después de su pronunciamiento.
IX. LA SENTENCIA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
La sentencia emitida en un proceso de terminación anticipada tiene como consecuencia de estas regulaciones una estructura distinta a la sentencia de condena desarrollada anteriormente.
Empezando con la cabeza, sería recomendable caracterizar la sentencia como una de terminación anticipada, lo que normalmente se hace en la mayoría de casos. Es mejor especificar esto en la cabecera para evitar cualquier confusión y no dejar duda alguna respecto del tipo de sentencia que se trata.
En la parte de los hechos deberá consignarse los cargos que hayan surgido contra el imputado como consecuencia de la investigación preparatoria, porque e4sto reemplaza a la acusación que comprende todo proceso común.
Solamente si se describe detalladamente estos cargos haciendo clara mención de los indicios y eventuales medios de prueba razonable o no, y si coinciden con los resultados de la investigación preparatoria.
Después se tiene que fundamentar las cuestiones de hecho y de derecho, así también que el acuerdo es razonable para el juez y cuáles son los elementos suficientes de convicción.
En la gran mayoría de los casos la fundamentación de la sentencias de terminación anticipada deben ser relativamente cortas, porque en el fondo tiene el carácter de sentencias abreviadas.
Necesario es comentar sobre la realización del procedimiento de Terminación Anticipada en etapa intermedia, que si bien ha sido negado por la Corte Suprema mediante Acuerdo Plenario Nro. 005-2009/CJ-116, varios Jueces en aras de dar solución a los conflictos penales, vienen aceptándola en casos excepcionales, por ejemplo, cuando la persona procesada, no ha tomado conocimiento de la investigación preparatoria seguida en su contra, tal vez por deficiencias en la notificación u otra circunstancia acreditable y al no ser objetada por ninguna de las partes entonces no habría impedimento para su realización, con la seguridad que dicha sentencia anticipada, no será recurrida.
